PJ declara fundada demanda contra proyecto minero Ariana por poner en riesgo acceso a agua potable
Juez dirimente tomó esta decisión por la amenaza cierta e inminente contra el abastecimiento de agua en Lima y Callao. Acción fue formulada por excongresistas Marisa Glave y Katia Gilvonio y la ONG CooperAcción.
El Poder Judicial, a través de la Primera Sala Constitucional de Lima, declaró fundada la demanda de amparo presentada contra el proyecto minero Ariana, ubicado en las alturas de Junín, debido a que existe el riesgo de comprometer el suministro de agua para más de 11 millones de habitantes de Lima y Callao.
Hace unos días, se había informado que está en pausa el avance de este proyecto que busca explotar concentrados minerales cerca del sistema de lagunas de Marcapomacocha, en Junín, del cual se abastece la cuenca del Rímac.
Este jueves, la ONG CooperAcción, que presentó dicha demanda junto a las excongresistas Marisa Glave y Katia Gilvonio, confirmó que el voto dirimente del juez Eduardo Romero Roca les da la razón, en parte, al confirmar que el proyecto representa una «amenaza cierta e inminente de vulneración de los derechos a acceder a agua potable y de gozar y disfrutar de un ambiente equilibrado».
«Ese punto ya obtuvo los tres votos requeridos de la sala, así que se puede afirmar que el Poder Judicial ya se pronunció al respecto: Ariana sí es una amenaza al agua. Es decir, ha quedado fuera de toda discusión que existe dicha amenaza», precisó CooperAcción.
Hasta el momento se han emitido cinco votos, con el del juez Romero Roca. Tres declararon fundada la demanda de amparo; mientras que dos se pronunciaron por su archivo. No obstante, lo que aún sigue en controversia es cómo se debe proceder frente a esta amenaza.
«Dos puntos se mantienen en discordia: ¿se debe anular las resoluciones del Minem que autorizaron el proyecto o solo suspender el inicio de operaciones hasta que haya estudios adicionales?; y ¿cuál debe ser la naturaleza de esos estudios, un estudio internacional independiente o solo un EIA complementario a cargo de la empresa y las propias entidades del Estado peruano?», explicó CooperAcción.
Debido a la discrepancia en estos dos puntos, se ha convocado a una nueva audiencia de la Primera Sala Constitucional de Lima para el próximo 7 de marzo a las 9:30 a.m.
