ONGs no podran apoyar acciones legales contra el Estado peruano

La ley, promovida por la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Auristela Obando, establece que la APCI tendrá mayor autoridad para supervisar los fondos extranjeros destinados a las ONG. Además, su Consejo Directivo incluirá representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas, otorgando así al Ejecutivo una mayor influencia sobre esta entidad. Entre sus disposiciones más controvertidas, la norma sanciona con multas y cancelaciones de registro a las ONG que financien actividades consideradas contrarias al orden público o que apoyen acciones legales contra el Estado, limitando su rol en la defensa de los derechos humanos y la protesta social.

Ante ello diversas ONGs protestaron contra la medida. Promsex, una de las ONG más reconocidas por su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales, aseguró que la medida representa un golpe contra las organizaciones que trabajan con fines sociales dentro del país y contra la democracia. Además, recalcó el carácter inconstitucional de la norma: «Las organizaciones de la sociedad civil trabajamos con transparencia y rendición de cuentas, principios que respaldamos con mecanismos claros. Sin embargo, esta ley no busca transparencia o una mejor supervisión, sino obstaculizar nuestro trabajo y perpetuar la impunidad (…)», señala su comunicado.

Por su parte, el Instituto de Defensa Legal (IDL), asociación dedicada a la defensa de los derechos humanos, señaló que la ley representa un grave atentado contra el funcionamiento de las ONG nacionales y anunció que tomará acciones para revertirla: «La norma aprobada ha incorporado -a modo de contrabando- una disposición que establece que, a partir de ahora, es una falta muy grave que las ONG ejerzan acciones judiciales contra el Estado. (…) Emprenderemos todas las acciones legales necesarias para revertir esta grave amenaza contra la sociedad civil y el derecho de los pueblos a defenderse», afirmó la organización.

De igual forma, Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, subrayó que la ley impone una presión injustificada sobre las organizaciones no gubernamentales: «Expresamos nuestra preocupación y nuestro rechazo frente a la aprobación por el Congreso de la modificación de la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Es evidente que su finalidad es imponer mayores controles sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG), lo que, dado que estas ya están sujetas a regulación y control, constituye una amenaza directa a la libertad y los derechos fundamentales de asociación, expresión, opinión y participación ciudadana», manifestó la institución.

Congreso: bancadas a favor de la ley contra las ONG
El Congreso aprobó la Ley APCI con 81 votos a favor, provenientes del fujimorismo y sus aliados en el Legislativo. En contraste, solo 16 parlamentarios votaron en contra, mientras que otros 4 optaron por la abstención.

Las bancadas que respaldaron esta iniciativa incluyen a Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y Honor y Democracia, grupos que conforman la mayoría que respalda al gobierno de Dina Boluarte en el Congreso. En cambio, las únicas fuerzas políticas que se opusieron a la medida fueron aquellas de izquierda, como Juntos por el Perú, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular.