Juliaca: Denuncian al director regional de Transportes y Comunicacionespor ocultar resolución
Beto Ángel Portillo Calcina, habria ocultado la Resolución Regional N° 472-2020, que autorizaba la construcción del COAR en Juliaca. La denuncia fue interpuesta ante la fiscalia coorporativa de San Roman.
El procurador público de San Román, Walter Mamani Pacori, presentó una denuncia penal por el presunto ocultamiento de la resolución que autorizaba la construcción del COAR en Juliaca. La acusación recae sobre Beto Ángel Portillo Calcina, director regional de Transportes y Comunicaciones, y otros posibles implicados en la alteración del documento clave para el proyecto educativo.
La Resolución Regional N° 472-2020, emitida el 18 de diciembre de 2020, otorgaba el predio «Campamento de Taparachi» a la Dirección Regional de Educación de Puno. El texto original habría sido falsificado o destruido para cambiar su contenido y afectar la ejecución del colegio de alto rendimiento.
Mamani Pacori sostuvo que Portillo Calcina actuó con intención de perjudicar el proyecto, al desconocer la existencia de la resolución y pretender asignar el terreno al sindicato de trabajadores de Transportes. Presentó como prueba documentos que confirman la validez del acto administrativo, incluidos informes técnicos y memorandos oficiales.
El procurador solicitó al fiscal verificar el estado actual del terreno y recuperar la partida registral que acredita su afectación educativa. Subrayó que ningún bien estatal puede destinarse a fines sindicales, lo que agravaría la conducta de los investigados.
La denuncia, presentada el 11 de abril de 2025, busca una investigación preliminar que identifique a todos los responsables. Mamani Pacori pidió sanciones ejemplares, incluida la inhabilitación de funcionarios implicados, por afectar un proyecto vital para la educación regional.
Autoridades locales y la comunidad juliaqueña siguen de cerca el caso, que podría sentar precedentes contra prácticas irregulares en la administración pública. El COAR representa una oportunidad para mejorar la calidad educativa en Puno, con impacto directo en cientos de estudiantes.
El Ministerio de Educación había aprobado los fondos para el colegio tras la publicación inicial de la resolución. Su desaparición inexplicable retrasó las obras y generó dudas sobre el manejo transparente de los terrenos fiscales.
Portillo Calcina no se ha pronunciado sobre las acusaciones. Fuentes cercanas al caso sugieren que podría alegar desconocimiento del documento, pese a las pruebas que lo vinculan con su presunta modificación.
Expertos en derecho administrativo consultados coinciden en que la falsificación de resoluciones constituye un delito grave. Destacaron que la recuperación del terreno para fines educativos dependerá de la rapidez con que actúe el Ministerio Público.
Mamani Pacori reiteró su compromiso con la legalidad durante una reunión con padres de familia y docentes. «Este caso no solo afecta papeles, sino el futuro de nuestros hijos», declaró ante representantes de instituciones educativas locales.
La Fiscalía Penal Corporativo de San Román tiene ahora la palabra. Su investigación determinará si se configura el delito de falsificación ideológica y abuso de autoridad, mientras la población espera que prevalezca el interés público sobre particulares.
Este conflicto revela las tensiones por el control de terrenos estatales en la región. El desenlace marcará un precedente sobre la transparencia en proyectos educativos estratégicos para el desarrollo de Puno.
