Juez Superior de Cajamarca presuntamente lideraría organización criminal

Un nuevo escándalo de corrupción sacude las bases de la justicia en la región de Cajamarca, al involucrar a altos funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público.

Según sendos informes emitidos por la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, el Juez Superior Ricardo Eustaquio Sáenz Pascual estaría al frente de una red delictiva dedicada a beneficiar a integrantes de organizaciones criminales peligrosas a cambio de sobornos.
En esta edición especial de El Capo de la Noticia, todos los entretelones y hechos hasta ahora desconocidos, con detalles de interceptaciones telefónicas y evidencias documentales, que revela uno de los más grandes casos de corrupción dentro de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca.

LOS HECHOS REVELADOS POR LA FISCALÍA

Todo inició con una investigación de la DIVIAC, en dos casos muy sonados en la región: «Los Duros de San Marcos» y «Los Sanguinarios de Huacraruco». Los indicios permitieron descubrir que varios internos del centro penitenciario de Cajamarca mantenían comunicaciones con intermediarios que los conectaban directamente con el juez Sáenz Pascual y otros magistrados de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. A través de estos contactos, los reclusos buscaban obtener beneficios ilegales, como sentencias absolutorias, eliminación de requisitos policiales y otras decisiones judiciales favorables.

Entre los involucrados también figuran los jueces superiores Humberto Araujo Zelada y Domingo Alvarado Luis, y los jueces especializados Enver Roger Ramos Tenorio y Mario Lohonel Abanto Quevedo. Además, el fiscal adjunto superior Carlos Tarrillo Vlasica y varios abogados, incluido Carlos Vidal Pascual Sáenz, primo de Ricardo Sáenz Pascual, quienes -según la acusación fiscal- desempeñaron roles cruciales en esta presunta red delictiva.

MODUS OPERANDI

La fiscalía describe un esquema organizado donde abogados, servidores públicos y familiares actuaron como intermediarios entre los reclusos y los magistrados. Estos intermediarios gestionaban las solicitudes de favores judiciales y negociaban compensaciones económicas. Las conversaciones telefónicas interceptadas en diferentes fechas proporcionan pruebas contundentes de la participación del magistrado Ricardo Sáenz Pascual y otros jueces en gravísimos actos de corrupción.
Uno de los casos emblemáticos involucra al detenido Willan Moreno Sánchez, quien mantuvo diálogos con el juez Sáenz Pascual y otros miembros de la Segunda Sala Penal de Apelaciones para asegurar su liberación. Estas conversaciones evidencian cómo la red operaba de manera estructurada para favorecer a sus «clientes».

DELITOS IMPUTADOS

La Fiscalía Suprema dispuso la apertura de investigaciones preliminares contra Ricardo Sáenz Pascual y sus colegas por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y cohecho pasivo específico. Estas investigaciones, que se desarrollan con el apoyo de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), han permitido ampliar el alcance de las acusaciones para incluir nuevos hechos delictivos.

En marzo de 2022, la Fiscalía emitió una disposición que ampliaría las investigaciones preliminares por un plazo de 36 meses y en agosto último (2024) ha solicitado el levantamiento del secreto bancario y bursátil de 24 involucrados en calidad de acusados. Esto permitirá profundizar en las pruebas y determinar la magnitud de la red de corrupción.

BENEFICIARIOS Y CONSECUENCIAS

Los beneficiarios de estas operaciones ilícitas incluyen a conocidos criminales como Oscar Narro Alcántara, Segundo Llanos Arteaga y Juan Llovera Carahuatay, entre otros. Las decisiones judiciales favorables obtenidas por estos individuos no solo ponen en tela de juicio la probidad de jueces y fiscales sino una telaraña de corrupción que tira al piso la confianza en el sistema judicial, pero además pone en riesgo la seguridad de la población al permitir la liberación de personas peligrosas.