Puno: 174 policías acusados de violación sexual, narcotráfico, extorsión y secuestro
El informe confidencial detalla nombres, delitos cometidos y decisiones internas adoptadas para preservar la imagen institucional de la Policía Nacional
Son 174 policías de ellos 10 efectivos policiales investigados por organización criminal, 12 por arranche de Droga, 4 por violación sexual, 5 por violencia familiar, 59 por actos de corrupción, 3 por arranche de oro, 2 por cobro de dinero a contrabandistas, dos por peculado de uso, 3 por cohecho, 5 por consumo de alcohol, 1 por hurto de celular, 2 por agresión, y otros 57 efectivos por extorsión, secuestro coacción, lesiones, tráfico de drogas, contrabando.
Por dicho motivo el General PNP Francisco Amadeo Ninalaya Martínez, solicitó oficialmente el 22 de mayo de 2025 la reasignación de 174 suboficiales de la Región Policial Puno por estar implicados en graves delitos que incluyen «organización criminal, arranche de droga, violación sexual y corrupción».
El informe confidencial, dirigido al director de Recursos Humanos de la PNP en Lima bajo el Oficio Nº 058-25-COMOPPOL-DIRNOS/REGPOL-PUNO/SEC-AREREHUM-CO, documenta la participación de los efectivos policiales en una amplia gama de actividades ilícitas que afectan gravemente la imagen institucional.
Entre los delitos más graves documentados se encuentran casos de «violación sexual, violencia familiar, arranche de oro, peculado, cohecho y cobro indebido de dinero a contrabandistas», según detalla el documento oficial remitido por la jefatura regional de Puno al comando nacional.
Los suboficiales Alfredo Eloy Díaz Flores, Feux Fabian Merma Carpio y Hermógenes Damaso Ccala Anco figuran entre los principales implicados en organización criminal y conducta funcional indebida, según el registro oficial de la investigación desarrollada por las divisiones de inteligencia policial.
Las acusaciones incluyen «arranche de droga» contra efectivos como Pedro Mora Llacta, Juan Pablo Sánchez Núñez y Wilfredo Tapia Jara, quienes habrían participado en redes de narcotráfico aprovechando sus posiciones dentro de la institución policial para facilitar estas actividades ilícitas.
Los casos de corrupción involucran a 59 suboficiales acusados de «cobro indebido de dinero al personal policial, cobro de cupos a contrabandistas y actos de cohecho», representando el mayor grupo dentro de los 174 efectivos señalados en el informe confidencial.
Cuatro suboficiales enfrentan acusaciones de «violación sexual»: Midward Roque Quispe, Alvaro Apaza Cutipa, Jhonatan Casiano Fernández Ticona y Antony Jean Aliaga Cordova, delitos que han sido documentados y verificados por las autoridades competentes dentro del proceso investigativo institucional.
El documento revela casos de «violencia familiar» protagonizados por Abdon Francisco Huallpa Tito, Euclides Telmo Puma Chuquicallata y otros tres efectivos, además de situaciones de «consumo de bebidas alcohólicas» durante el servicio policial que comprometen la operatividad y credibilidad institucional.
La magnitud del escándalo ha obligado a la formación de una comisión especial para evaluar el «tiempo de permanencia del personal, investigaciones disciplinarias y referencias judiciales» de cada suboficial, buscando separar a los implicados de sus presuntas conexiones delictivas en la región puneña.
La reasignación de los 174 suboficiales representa una medida drástica pero necesaria para «restaurar la confianza ciudadana y la integridad institucional» de la PNP en Puno, según sostiene el informe que busca una gestión policial más transparente y eficiente.
