Amnistia Internacional: Estigmatización e investigaciones lentas

Las acusaciones que hace el Estado contra manifestantes, a quienes los acusa de terrorismo sin pruebas de que exista vínculo alguno, socava el acceso a la justicia

La Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional, en su informe emitido este 16 de febrero, da a conocer que recabó información oficial y de víctimas, quienes han indicado que, a pesar de que la Fiscalía había realizado algunas actuaciones importantes, a casi dos meses de los hechos todavía no se habían desarrollado diligencias claves para las investigaciones, como la realización de ciertos peritajes o la recolección de testimonios. En algunos casos no se habría preservado la cadena de custodia de cierta evidencia, lo que socavaría la posibilidad de que las investigaciones resulten auténticamente imparciales y exhaustivas.

Asi mismo, la organización identificó casos donde las diligencias iniciales de investigación no reflejarían fielmente los hechos, como el caso de Beckam Romario Quispe Rojas, futbolista y entrenador de 18 años e hijo de un campesino quechuahablante, quien murió durante una protesta en Huancabamba, Andahuaylas, en una pista de aterrizaje en desuso. La necropsia no dio cuenta del tipo de proyectil que le causó la muerte y fue entregada un mes después de los hechos.

“La Fiscalía de la Nación debe disponer urgentemente de recursos y tiempo para la investigación de las violaciones graves de derechos humanos y posibles crímenes de derecho internacional. Demorar y descuidar esta labor crítica, contribuye a crear un clima de impunidad que sólo fomenta tales actos,” dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.

Otro de los problemas que denuncia AI, es que las atoridades, desde el más alto nivel, han mantenido un discurso de estigmatización contra quienes se manifiestan, afirmando sin pruebas que existen vínculos con el “terrorismo” y con grupos criminales, con la intención de deslegitimar sus demandas y justificar las violaciones de sus derechos humanos.

Por otra parte, la organización advierte que las autoridades han atacado de manera continua a la prensa independiente e internacional. Amnistía Internacional ha documentado varios casos de afectaciones graves a la integridad de periodistas en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

La organización entrevistó a más de 20 personas que resultaron heridas por latas de gas lacrimógeno, perdigones o balas durante las protestas, muchas de las cuales tenían miedo de denunciar las lesiones por temor a ser sometidas a procesos penales. Algunas de ellas denunciaron haber recibido llamadas telefónicas amenazantes o haber sido vigiladas por la policía.

“Cuando el discurso estatal pretende criminalizar a quienes se manifiestan, toda la sociedad pierde. Así, se justifican tácticas militares y policiales arbitrarias en contra de la población civil, se coarta la libertad de expresión y se revictimiza a quienes lloran la pérdida de un ser querido,” dijo Marina Navarro.

El 21 de enero, la policía detuvo arbitrariamente a decenas de personas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a pesar de que no se configuraban los supuestos de ley que justificaran tales detenciones. En el operativo, que duró varias horas y en el cual participaron más de 500 policías, fueron agredidas y se retuvo a un total de 192 personas, incluyendo estudiantes, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y personas pertenecientes a delegaciones de otras regiones del país que habían llegado a Lima para participar en las manifestaciones. La naturaleza del operativo y los reportes de violencia física y psicológica, así como las imágenes verificadas, dan cuenta de posibles tratos crueles, inhumanos y degradantes.

“Cuando el discurso estatal pretende criminalizar a quienes se manifiestan, toda la sociedad pierde.

Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú
Una persona detenida durante el operativo contó a Amnistía Internacional que funcionarios de la Dirección contra el Terrorismo de la PNP amenazaron a quienes estaban bajo su custodia con que “si [seguían] protestando [iban] a estar sus fotos en este mural de terroristas”, refiriéndose al lugar donde se identifican a las personas sindicadas por este delito.

En el operativo se registró violencia física al momento de la intervención inicial, la detención indiscriminada de transeúntes, la denegación de acceso de las personas defensoras, y el uso innecesario de esposas. Asimismo, Amnistía Internacional recibió reportes de la “siembra” de evidencias supuestamente incriminatorias y la práctica de al menos una detención que más tarde no habría figurado en actas oficiales del operativo.

Diario Perú

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