Conflictos sociales agravan desigualdad y afectan los derechos humanos de mujeres

La violencia contra la  mujer es una de las violaciones a los derechos humanos más frecuentes en todo el mundo. Esta problemática social se encuentra arraigada en construcciones sociales y modelos culturales que determinan cómo debe ser y comportarse una mujer o varón, colocando a las mujeres en situación de subordinación, desventaja y vulnerabilidad respecto a los varones.

Por lo tanto, no se puede dejar de tener en cuenta que es en los conflictos sociales y armados en donde se agravan las desigualdades de género y se manifiestan diversas formas de violencia contra la mujer, esto debido a que se desarrollan en espacios públicos donde hay mayor presencia de varones.

De acuerdo al registro (SIMCO) de la Adjuntía de Conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, entre los años 2006 al 2016, un total de 270 mujeres han fallecido y 4,642 de mujeres han sido heridas en contextos de conflictos sociales. Además, el registro oficial de la Defensoría del Pueblo señala que durante las movilizaciones por la crisis política y el autogolpe fallido del ex presidente Pedro Castillo, 48 personas han perdido la vida en movilizaciones, de las cuales dos eran mujeres, asimismo, en medio de masacres, ejecuciones extrajudiciales y rutas cortadas se han registrado 1237 heridos, de los cuales 33 son mujeres y, del universo de detenidos, 202 eran mujeres.

Renzo Chávez, de la Asociación Nacional de Periodistas, señala que las causas de los conflictos tienen múltiples raíces, son complejas y pueden ser generadas por muchas diferentes causas de hostilidad. Pero, por lo general se pueden encontrar en necesidades básicas sin satisfacer, competencia por recursos limitados y conflictos de valores. Todos resultan en un amplio sufrimiento a nivel personal y social. Además, indica que el conflicto social no es sólo la problemática que subyace a éste, es sobre todo un proceso o un ciclo de vida. El conflicto social como proceso es un fenómeno social, dinámico, en movimiento, que evoluciona.

Por otro lado, Cecilia Olea, del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, indica que son en estos conflictos donde se manifiestan las diversas formas de violencia extrema hacia la mujer, esto, señala, tiene causas patriarcales y coloniales, de desigualdad de poderes entre hombres y mujeres y un imaginario social que subordina y denigra a las mujeres.

Jacqueline Valenzuela, abogada y especialista en derechos humanos, menciona que las desigualdades múltiples y simultáneas discriminaciones, basadas en prejuicios y estereotipos sobre roles de género, racismo y asignación de espacios, impregna la respuesta de la función pública, la justicia y la actuación de las fuerzas del “orden” en contextos de las movilizaciones y el ejercicio legítimo del derecho a la protesta.

La experta menciona que durante Conflicto Armado Interno (1980 – 1990), el Estado peruano usó la violencia sexual, incluidas la violación, la tortura y las esterilizaciones forzadas contra las mujeres campesinas, indígenas, y pobres. Por ello enfatiza que en la sociedad peruana, coexisten múltiples desigualdades históricas, incluyendo al patriarcado, asimismo, las fuerzas de seguridad no actúan en base a protocolos construidos de acuerdo a una ciudadanía diferenciada, sino desde el androcentrismo del supuesto ciudadano neutro. Bajo esta perspectiva, refiere la experta, las mujeres son privadas de un conjunto de derechos. Por último, indica que las violencias de género, y sexuales, deben ser parte de un enfoque diferencial para su investigación, impidiendo la revictimización y atendiendo efectivamente a las víctimas en su dignidad humana.

Frente a la problemática de la violencia contra las mujeres en conflictos sociales y armados que nos muestran los informes mencionados, se hace necesario enfatizar la responsabilidad colectiva nacional, como las instituciones públicas que atienden, brindan orientación y dan seguimiento a estos casos para que estos no queden ocultos y/o impunes.

En el marco  de la la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres “Mujeres libres de violencia”(MIMP), se impulsa un trabajo multisectorial desde la familia, la escuela, las instituciones públicas, las empresas y los medios de comunicación  que cumplen un rol fundamental en la prevención de la violencia basada en género, buscando deconstruir estereotipos de género, fomentando la igualdad entre hombres y mujeres y brindando información de los servicios y canales de ayuda, con el apoyo de AECID y UE.