Diez líderes comunitarios Aymara enfrentan posible condena penal
18 líderes comunitarios Aymara, acusados penalmente de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbio y extorsión agravada.
El 6 de julio de 2017, en el Tribunal Penal Colegiado del Tribunal Superior de Puno, se celebrará una nueva audiencia del juicio en curso contra 18 líderes comunitarios Aymara, acusados penalmente de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbio y extorsión agravada. El juicio se refiere a campanas realizadas por los defensores de derechos humanos contra el proyecto minero “Santa Ana”, propiedad de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation. En audiencia preliminar de 28 de junio, ocho de los líderes tuvieron sus acusaciones retiradas. Sin embargo, los 10 defensores restantes se enfrentan a posibles penas de 16 a 28 años de prisión y una multa de más de 2 millones de dólares.
Las comunidades Aymaras de Puno se han movilizado para proteger el medio ambiente de los daños irreparables que las actividades mineras podrían causar a sus fuentes de agua y a varios ríos de la región, como los ríos Callacami y Desaguadero. Las comunidades indígenas también han pedido que se respete su derecho al consentimiento previo, libre e informado, consagrado tanto en las leyes nacionales como en convenios internacionales de derechos humanos. Las comunidades Aymara han estado acompañadas por Derechos Humanos y Medio Ambiente Puno – DHUMA, una organización no gubernamental que promueve la defensa y la aplicabilidad de los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente en Puno, Perú.
El juicio se refiere a una movilización organizada por comunidades Aymara, conocida como “Aymarazo”, que tuvo lugar en Puno en 2011. En ese entonces, las comunidades realizaron varias protestas contra el proyecto minero “Santa Ana”, propiedad de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation. Las comunidades Aymara afirmaban que el proyecto tendría impactos negativos a sus derechos ambientales, causando daños a sus fuentes de agua. Como resultado de semanas de protestas, el gobierno derogó el decreto que autorizaba la mina. Sin embargo, 18 líderes comunitarios fueron acusados penalmente de los supuestos crímenes de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbio y extorsión agravada.
El 28 de junio de 2017 se procedió a la audiencia de alegatos finales y, por falta de pruebas, la Fiscalía retiró la acusación en contra de ocho de los 18 procesados. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que los otros 10 líderes comunitarios sean sentenciados a posibles penas de 16 a 28 años de prisión y una multa de más de 2 millones de dólares. Los defensores de derechos humanos que siguen siendo procesados son Walter Aduviri Calizaya, Patricio Illacutipa Illacutipa, Rufino Machaca Quinto, Domingo Quispe Tancara, Javier Pari Sarmiento, Eddy Uriarte Chambilla, Gregorio Ururi Fernández, Severo Efraín Iturry Gandarrillas, Gilver Chura Yupanqui y Felix Illacutipa Mamani. La próxima audiencia se encuentra programada para el 06 de julio de 2017 y se espera que la sentencia sea dictada en los días subsecuentes. .
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que la protesta social es importante para la consolidación de la vida democrática y que, en general, esta forma de participación en la vida pública, como ejercicio de libertad de expresión, juega un rol social crucial. Asimismo, ha destacado que en muchos de los países del hemisferio, la protesta social y la movilización se han convertido en herramientas para hacer demandas a las autoridades públicas, así como canales para denuncias públicas de abusos o violaciones de derechos humanos.