Dos jóvenes mueren en protesta por ley agraria

Uno de los fallecidos durante los enfrentamientos con la policía, se trata de un adolescente de apenas 16 años y un joven trabajador agroindustrial (20), ambos fallecieron  ayer en el distrito de Chao, en Virú (La Libertad) quienes rechazan la ley agraria aprobada el martes en el Congreso.

En el norte, los dirigentes están lejos de pensar en la festividad del Año Nuevo. El 2020 les quitó tres compañeros –incluido Jorge Yener Muñoz (21)– en el marco del paro agrario que duró todo diciembre, para exigir mejoras en sus salarios y derechos laborales.

Las protestas podrían mantenerse en San José y Valle de Dios, en Virú. Fue en la primera zona –que ayer fue un campo de batalla– donde un proyectil alcanzó al adolescente de iniciales K.N.R.D., quien salió de su casa para unas diligencias. Pese a que lo trasladaron en un camión a EsSalud de Virú, llegó sin vida, reportaron sus familiares.

Reynaldo Reyes Ulloa es la segunda víctima. De acuerdo a Josmill Espinoza, director de la Red de Salud de Virú, para radio Viru Star, el joven de 20 años tenía impactos de bala.

Un tercer fallecido es el paciente oncológico Modesto Mondragón, de 56 años, que no pudo llegar de emergencia en bus al hospital por el bloqueo de la Panamericana Norte.

Trabajadores de Valle de Dios y San José en La Libertad llevan dos días seguidos de bloqueo en la Panamericana Norte, que ya dejó también 40 detenidos, según dirigentes.

Decenas de heridos, incluidos cuatro policías, fueron transferidos a centros de salud de la zona y algunos a Lima.

Nelson Huamán, secretario de defensa legal de la Fentagro, informó que hay 40 trabajadores detenidos entre el lunes y el martes por lo que exigió la presencia del presidente Francisco Sagasti.

Horas antes de la fuerte represión policial, la Asociación de Gremios de Productores Agrarios (AGAP) hizo un llamado a la paz social y a la calma. No obstante, hasta anoche, ningún representante en Palacio se manifestó sobre los muertos.

La Defensoría del Pueblo, a través de las redes sociales, exigió el cese inmediato de los enfrentamientos y solicitó al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional “dar explicaciones al país de lo ocurrido”.

Mirtha Vásquez, presidenta del Congreso, condenó estos lamentables hechos. “Demando el cese de la represión policial y que se sancione a los responsables. ¡Ni un muerto más!”, escribió.

La Policía Nacional del Perú en su cuenta de Twitter se pronunció: “Lamentamos la pérdida de vidas, cualquiera sea su origen. Nuestra misión es mantener y restablecer el orden público y proteger los derechos, la salud y la vida de las personas”. “Las investigaciones de responsabilidad penal se encuentran a cargo de la Fiscalía y del departamento de investigación criminal de Trujillo”, señaló.

A través de un comunicado, las agroexportadoras del norte informaron que suspenderán nuevamente sus actividades ante la continuidad de las protestas y pidieron al Ejecutivo declarar en estado de emergencia a La Libertad e intervenir para restaurar el orden.

Ica anuncia paro
Jorge Carbajal, dirigente de la Federación de Trabajadores Agroindustriales de Ica, confirmó que retomarían el paro el lunes 4 de enero en apoyo a los sindicatos del norte, y en rechazo al texto aprobado en el Congreso.

La norma contempla aumentar el ingreso del trabajador solo a través de un bono no remunerativo del 30% del sueldo mínimo; es decir, de S/ 279.

Una ley sin negociación
Los empresarios y trabajadores coinciden en que el Congreso no los escuchó antes de aprobar el texto final de la ley, por lo que no la respaldan.

Milton Von Hesse, exministro de Agricultura, dijo que primó el debate político y no el técnico. “Finalmente tenías que llegar a la conclusión de que no iba a satisfacer a nadie. Nadie sabe cuál será la posición del Ejecutivo, porque no ha querido ganarse el pleito”, dijo.

Durante una conferencia ayer, la premier Violeta Bermúdez indicó que esperarán que la autógrafa de la nueva ley llegue a Palacio para analizarla. “Sabemos que no ha hecho feliz a muchos sectores, pero la ley que se ha aprobado ha sido producto del trabajo intenso de las últimas tres semanas y nosotros como Ejecutivo hemos acompañado toda la discusión”, dijo.

Juan Carlos Paredes, presidente de ProHass, dijo que el Ejecutivo debe observar la ley. “Si finalmente lo publica, respetuosos de la ley, lo vamos a acatar; sin embargo, las pequeñas y medianas empresas serán perjudicadas”.

Sin cambios de fondo
Para Eduardo Zegarra, investigador principal de Grade, la ley aprobada tiene “ciertos” puntos de mejora respecto a la ley derogada; no obstante, mantiene el fondo que rechazan los trabajadores. Un punto importante, dice, es que se sigue licuando la remuneración diaria, la CTS y las gratificaciones, dejando desprotegido al trabajador en un momento de despido. ”Es la agenda de la Confiep, que la planteó en el Consejo Nacional del Trabajo, que los sindicatos rechazaron, y por lo que luego se desactivó”, mencionó.

Señaló que la norma mantiene la lógica de la contratación laboral que no da seguridad al trabajador, y que además sería imposible de supervisar. Y una situación similar pasa con la negociación colectiva, pues no la garantiza ni fortalece.

Zegarra dijo que si el Ejecutivo observa la norma “empresas y trabajadores perderían”, pues a partir del 1º de enero las empresas pasarían al régimen general, con una tasa de Impuesto a la Renta del 29,5%, mientras los trabajadores tendrían el salario mínimo de solo S/ 31 al día. El Ejecutivo tiene la última palabra.

Sunafil implementa los lineamientos para fiscalizar al sector agroindustrial
El paro agrario en Ica tuvo algunos resultados en el corto plazo. No solo se cambió a inicios de este mes al superintendente regional de la Sunafil, sino que se incrementó el número de inspectores con la finalidad de mejorar las fiscalizaciones laborales en los fundos, donde -según los trabajadores- se vulneran varios de sus derechos.

En esa línea, también la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) publicó ayer un nuevo lineamiento para la fiscalización en las empresas agroindustriales.

De esta manera, se cautelará el cumplimiento de las disposiciones relativas a la seguridad y salud de más de 500.000 trabajadores que forman parte del sector agroindustrial. Así como generar predictibilidad para cerca de 4 mil 700 empresas.

De acuerdo al lineamiento, los inspectores verificarán la entrega y uso de los equipos de protección personal, de ropa de trabajo, de protección solar; así como las herramientas, máquinas, equipos, sustancias o productos en la agroindustria. También se verificará el transporte y traslado de personal, como las medidas generales de seguridad.

Además, el inspector revisará los regímenes de los grupos especiales, como mujeres gestantes, lactantes, personas con discapacidad y adolescentes. Se inspeccionará los sanitarios, comedores, vestuarios, entre otros.

Las cifras
400 mil personas laboran en la actividad agroindustrial aproximadamente. 2,3% es la tasa de sindicalización en el sector.

Reacciones
Mirtha Vásquez, presidenta del Congreso

“Dos personas fallecieron por impacto de bala durante las protestas de trabajadores agrarios en La Libertad. Condeno estos lamentables hechos, demando el cese de la represión policial y se sancione a los responsables”.

Violeta Bermúdez, titular de la PCM

“Sabemos que no ha hecho feliz a muchos sectores, pero la ley que se ha aprobado ha sido producto del trabajo intenso de las últimas tres semanas y nosotros como Ejecutivo hemos acompañado toda la discusión”.

Juan Carlos Paredes, presidente de ProHass

“Yo creo que sí debería observarse la ley. En estos momentos, nuestros abogados están analizando las acciones que se podrían tomar. No obstante, en tanto el Ejecutivo lo publica, nosotros lo vamos a acatar”. Con información de la República.