El 80% de la población exigen elecciones antes del 2026 según IEP
El mayoritario respaldo ciudadano a un anticipo electoral y que se vayan Boluarte y el Congreso es consecuencia de la desatención y la represión acometidas por las autoridades, según coinciden especialistas al analizar encuesta del IEP y La República. En el sur, un 60% opina que no somos una democracia.
LR. El mayoritario respaldo ciudadano a un adelanto de elecciones y que dejen el poder la presidenta Dina Boluarte y el Congreso es consecuencia de la desatención y la represión acometidas por las autoridades, según coinciden especialistas al analizar la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), una investigación realizada con el diario La República.
El estudio consultó a la población del 15 al 19 de julio y tiene márgenes de error de 2,8 puntos por encima y debajo de cada resultado de nivel nacional, y mayores cuando se refieren a grupos menores (macrozonas, niveles socioeconómicos, etc.).
Diagnóstico y salida
“Hay continuidad en la ciudadanía sobre el diagnóstico y la salida. El diagnóstico es que hay total desconexión entre sus demandas y la práctica política de presidenta y Congreso; no esperan nada bueno de ellos. La salida sigue siendo nuevas elecciones”, argumenta el politólogo Antonio Zúñiga, profesor de la Universidad Católica (PUCP).
“Desde las protestas de enero, no han logrado construir un diálogo entre los principales actores sociales y políticos, sino todo lo contrario, la respuesta del Gobierno ha sido represiva. Además, el Congreso es incapaz de establecer consenso para adelantar elecciones. Son hechos que los deslegitiman aún más”, señala la politóloga y abogada Luisana Vega, docente de la Universidad de San Marcos.
En las provincias del centro del Perú, hay mayor acuerdo, entre los encuestados, sobre la demanda ciudadana de que se vaya Boluarte y en el sur sobre que salga el Congreso. Asimismo, en ambas zonas hay mayor conformidad sobre la exigencia de que se convoque a una asamblea constituyente, paso previo a hacer una nueva Constitución.
“El centro históricamente fue fuerza de rechazo y resistencia a regímenes políticos malsanos. Además, Perú Libre, que llevó al poder a Boluarte, nació en Junín y sus congresistas parecen haber entrado en un continuismo político cuando al inicio prometían cambio social”, aduce el sociólogo Luis Lazo, profesor de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP).
“Pesa la percepción que se tiene de la presidenta y sus actitudes hacia esta macrozona. Trató las protestas de antidemocráticas y adujo que en esa región se concentran grupos de narcotráfico y terroristas. Y en el sur, los grupos políticos del Congreso no los representan. Además, se percibe que el Parlamento es ineficiente y negocia contra los grupos de protesta venidos del sur. Eso aumenta la desconfianza”, asevera la politóloga Yasmin Calmet, docente de la Universidad Católica de Santa María (UCSM), en Arequipa.
Democracia
Casi la mitad del país opina que el Perú no es una democracia, pero en el sur esta percepción está en un 60% de sus ciudadanos. Esto advierte el alto descontento de estas provincias.
“El ejercicio del poder es percibido como no democrático. Si se suma la represión particularmente en el sur, se entiende que no consideren que vivimos en democracia. La democracia tiene que ver con el acceso (elecciones) y el ejercicio del poder (respeto al Estado de derecho, las minorías, libertad de expresión, etc.). En esto último no hemos avanzado”, indica Zúñiga.
“Preocupa que un 49% del país opine que no vivimos en democracia. Es por los actos del Gobierno y el Congreso, que criminalizan la protesta legítima en toda sociedad democrática, con uso desproporcionado de la fuerza que dejó tantos muertos, la mayoría del sur”, anota Vega.
“En el sur, esta percepción crece por el intensificar de medidas coactivas y el discurso de que las protestas no tienen razón de ser y buscan fragilizar la democracia. Boluarte ha tomado una actitud de poca negociación y de estigmatizar a las personas de esta región como potenciales amenazas para el orden”, sostiene Calmet.
“Las instituciones políticas del Estado y Gobierno no se encargan de promoverlo y consolidarlo, no hacen su trabajo. La democracia no solo se construye desde la ciudadanía, desde abajo, sino que pasa sobre todo por el poder del Estado”, dice Lazo.
Reflexiones para que entienda quien quiera entender.
Reacciones
Antonio Zúñiga, politólogo, PUCP
“El diagnóstico es que hay total desconexión entre sus demandas y la práctica política de la presidenta y del Congreso; no esperan nada bueno de ellos. Y la salida sigue siendo las nuevas elecciones”.
Yasmin Calmet, politóloga, UCSM (Arequipa)
“En estas regiones de mayor olvido y atacadas por Legislativo y Ejecutivo, es más esperado pensar en una nueva constituyente y los beneficios que podría traerles. Pero no percibo propuesta concreta”.
Luis Lazo, sociólogo, UNCP (Junín)
“En estas regiones, líderes y grupos políticos promueven el cambio de Constitución por razón política, no solo social. Gran parte de la población cree que traerá cambios estructurales a la sociedad”.