Fallo del TC protegera de denuncias a Merino y Flores Araoz

Las relaciones políticas, de amistad y compañerismo prevalecieron entre la mayoría de magistrados del Tribunal Constitucional que votaron por declarar improcedente la demanda competencial contra la vacancia del presidente por incapacidad moral permanente.

De acuerdo con fuentes del TC y personas allegadas a los magistrados, la relación amical con el expremier Ántero Flores-Aráoz y la exministra de Justicia y exprocuradora Delia Muñoz fueron claves para el fallo en mayoría.

El domingo y hasta la mañana del lunes, hubo la posibilidad de un fallo, también en mayoría, favorable a la demanda que promovió el gobierno del expresidente Martín Vizcarra.

Al magistrado Manuel Miranda lo habrían convencido de cambiar de postura, desde hace algunos meses, a cambio de una cómoda oficina en un gran estudio de abogados cuando salga del TC, para apartarse de la “influencia” de Ledesma o Espinosa-Saldaña.

José Luis Sardón ya no requería llamadas extras, su posición está definida, incluso, desde antes de ingresar al tribunal, señalan.

Investigaciones
Las fuentes indican que la preocupación de Flores-Aráoz y Muñoz está determinada por las investigaciones por delitos en contexto de violación de derechos humanos, que ha iniciado la fiscal de la Nación.

Aunque la ponencia de la presidenta del TC, Marianella Ledesma, no declara expresamente la inconstitucionalidad de la elección de Manuel Merino como presidente de la República, una sentencia a favor de la contienda de competencia abre muchas posibilidades legales adversas para los golpistas.

El retorno de Martín Vizcarra al gobierno nunca fue una posibilidad, pero a los golpistas les preocupa las consecuencias penales, tras la violenta represión policial del sábado 14 de noviembre.

Los asesinatos de Inti Sotelo y Bryan Pintado, las graves lesiones sufridas por Percy Pérez, Alberto Ñahui y Jon Cordero y las detenciones ilegales van a tener consecuencias jurídicas, que alcanzarán al gabinete Merino.

Un fiscal o un juez del Poder Judicial podría luego interpretar o concluir, a partir de la sentencia del TC, que el nombramiento de los ministros de Estado fue ilegal o de facto o, incluso, darse cabida al artículo 46° de la Constitución.

Este artículo señala que “nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes”.

Además, consagra que “la población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas”.

Un artículo que da un doble amparo legal a las marchas pacíficas convocada por los jóvenes contra el gobierno de Manuel Merino y sus ministros de facto.

La exministra de Justicia y exprocuradora Delia Muñoz conoce muy bien que los crímenes en contexto de violación de derechos humanos son imprescriptibles y perseguidos a nivel mundial.

Protección
Desde que llegó al Ministerio de Justicia, Muñoz había hecho todo lo posible porque la sentencia fuera resuelta por sustracción de la materia, tal como planteó la respuesta del Congreso a la demanda.

En ese momento, la defensa del régimen de facto fue estrictamente legal. Se buscó cambiar al procurador general Daniel Soria y al procurador especializado Luis Huertas para convencer a los magistrados del TC.

Ya fuera del gobierno, la situación adquirió una preocupación más personal y las presiones incluyeron a familiares y amigos. Hoy es cuestión de supervivencia y de seguir en libertad.

Así, señalan las fuentes, la clave invocada para convencer a los cuatro magistrados de dejar de cumplir su función es salvar a Ántero Flores-Aráoz.

Algo de eso deja traslucir el magistrado Augusto Ferrero en una entrevista al defender la decisión de los 105 congresistas que votaron por la vacancia. Con ellos las decisiones de Merino y sus ministros están libres de cuestionamientos, son totalmente constitucionales y legales.

Por tanto, cualquier denuncia que promueva el Ministerio Público contra Merino, Flores-Aráoz y algún otro ministro deberá pasar por el tamiz del Congreso.

Hoy, una denuncia de la fiscalía por asesinato, lesiones graves y desaparición forzada no sería aprobada por el Parlamento, donde los golpistas aún tienen mayoría.

A futuro se verá, pero en el momento actual una comisión investigadora hasta podría terminar exculpándolos de cualquier responsabilidad penal.

Imposición
Esta situación provocó que el debate entre los magistrados fuera cerrado. El miércoles, Ledesma les había entregado su ponencia que declaraba procedente la demanda competencial y planteaba establecer algunas reglas al resolver la vacancia por incapacidad moral permanente.

Se esperaba que el debate se enredara en el tipo de reglas o incluso en los alcances del fallo respecto de la presidencia de Martín Vizcarra y Manuel Merino.

Pero, para sorpresa de Ledesma, Espinosa-Saldaña y Ramos, los otros cuatro magistrados rápidamente se decantaron por la sustracción de la materia. Es decir, por no hacer nada y declarar improcedente la demanda y no fijar ninguna regla.

“Los cuatro llegaron con un libreto listo y memorizado por la improcedencia de la demanda, lo que dejó a la minoría de magistrados sin posibilidad alguna de discutir sobre el fondo de la demanda, fueron una pared inamovible”, indicó una de las fuentes.

La puerta se cerró de golpe, con un disparo directo que desdibujó el rostro del Tribunal Constitucional.

La sentencia se publicó en página web
La sentencia sobre la improcedencia de la demanda competencial se publicó anoche en la página web del TC. El voto en mayoría declara improcedente la demanda por sustracción de la materia.

Los cuatro magistrados consideran que con esa decisión no abdican de su función, sino que cierran un procedimiento para no crear incertidumbre.

El magistrado Eloy Espinoza emitió un voto por declarar fundada la demanda, pero sin efecto retroactivo, aunque pedía estar atentos a las investigaciones de tipo penal consecuencia del uso arbitrario de la vacancia.

Reacciones
Augusto Ferrero, magistrado TC

“No se puede acusar a 105 parlamentarios que votan con una mayoría absoluta de haber actuado inconstitucionalmente. Han aplicado la Constitución, que tiene un capítulo especial de la incapacidad moral, y la han aplicado”.

Beatriz Ramírez, constitucionalista

“La aplicación de la vacancia presidencial por incapacidad moral necesita delimitación hace tiempo. Si no es al TC, ¿a quién en un Estado de derecho le corresponde pronunciarse? Mirada formalista no ayuda a fortalecer la institucionalidad”.

Carolina Garcés, catedrática

“¿La muerte de Inti, Bryan y la lucha por la democracia no les sirvió de ejemplo de valentía? No pronunciarse sobre inconstitucional decisión de vacancia por incapacidad moral es dejar al país en riesgo de más abusos”.

Carlos Caro, abogado

“No han dado carta blanca para la vacancia, porque no han entrado al fondo, pero tampoco han puesto límites porque no se fundamentó el tema. Estamos en la indefinición, cuando han podido hacer una sentencia aclaratoria”.

¿A qué se ha “sustraído” la mayoría del TC?
Enfoque por: Pedro Grández, constitucionalista

La democracia es también un debate de narrativas sobre hechos y contextos. Por eso es importante ver a qué narrativas sirve la aparentemente “neutral” de la mayoría del TC. Hay que observar de qué se ha “sustraído” aquella mayoría. Observo por ahora 3 “sustracciones” graves:

1. “Sustracción” de su propio ser. Los Tribunales Constitucionales justifican su existencia en la necesidad de interpretar las cláusulas abstractas e imprecisas de las Constituciones. Concretar esos principios y cláusulas abiertas es su razón de ser.

2. Se “sustrae” de la historia. Luego de un interesante itinerario en los últimos 20 años, con activos y pasivos, el TC se niega a sí mismo. Renuncia al brindis que le sirvió el pueblo en calles y plazas, ofreciéndole un lugar privilegiado en la democracia peruana.

3. Se “sustrae” de su misión de contrapeso del poder. Grupos políticos que no tienen claridad para la defensa del bien público y capaces de usar el poder público para ponerlo al servicio de intereses particulares, avanzan con pretensiones de controlar cada espacio público que encuentren disponible.

El equilibrio de poderes requiere de señales claras en defensa del orden constitucional. Ese mensaje era fundamental que lo diera el TC. Decirles a los golpistas que es y fue un golpe, y que sus acciones, que incluyen la muerte inocente de dos jóvenes en las marchas, no quedarán impunes.

Sin embargo, con el paso de las horas eso cambió radicalmente. A través de amigos y familiares, Flores-Aráoz habría presionado a Ernesto Blume y Augusto Ferrero para que la demanda fuera declarada improcedente, sin ningún tipo de interpretación o aclaración. Texto: (LR)