Fiscales confirman investigación secreta e ilegal a periodistas
Piden reconsideración de cambios: En oficio dirigido al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, los fiscales provinciales Angie Távara y Cristhian Alfaro denuncian represalia institucional por revelar irregularidades e investigaciones secretas en caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
LR. Los fiscales provinciales Angie Liseth Távara Roque y Cristhian Alfaro Cáceres solicitaron al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, que reconsidere la sorpresiva decisión de retirarlos, sin causa justificada, del equipo especial del caso Cuellos Blancos del Puerto por haber denunciado la existencia de una ilegal y secreta investigación a periodistas de Sudaca y La República.
En este sentido, en el oficio de reconsideración dirigido al fiscal de la Nación, los fiscales confirman que existió una ilegal y secreta investigación, con seguimiento y videovigilancia, a los periodistas Juan Carlos Tafur y César Romero Calle. Esta no sería la única investigación secreta que se camuflaría en las múltiples carpetas a la red de Los Cuellos Blancos del Puerto.
La investigación secreta, dicen, la inició el fiscal Andy Rodríguez el 5 de abril de 2023 y fue continuada por la entonces fiscal provincial Magaly Quiroz por cinco meses, quien el 28 de septiembre ordenó una ampliación y acumulación a otra carpeta para que las videovigilancias continúen por otros ocho meses, hasta el 13 de mayo de 2024.
Los fiscales provinciales indican que el sorpresivo cese en sus designaciones, acordado el 10 de enero último, «no se sustenta en la comisión de alguna falta o hecho que la justifique» y, además, contraviene dos resoluciones de prórroga de sus funciones realizada el 15 y 28 de diciembre, en que se valoró positivamente el trabajo que venían realizando, y se amplió sus designaciones hasta el 30 de junio de 2024.
Represalia
Sin embargo, indican se da por concluido su nombramiento en virtud del informe N° 14-2023-MP-FN-CGEEFCLBP cursado por la coordinadora general del equipo especial, en el que solo señala que «se requiere personal que cuente con la especialización respectiva» referente a crimen organizado y corrupción de funcionarios, olvidando que ambos vienen trabajando en el Ministerio Público por más de 10 años y cuentan con la experiencia, antigüedad y especialización correspondiente.
Argumentan que la realidad su cese sería en respuesta a la solicitud que, el 4 de enero, presentaron a la coordinación para «que adopte medidas frente a las graves denuncias periodísticas de que se habían realizado videovigilancia y seguimiento a los periodistas Juan Carlos Tafur Rivera y César Romero Calle, ordenada por fiscales que formaban parte del equipo especial».
«Pese al pedido justo y equitativo que formulamos, relacionada con hechos que comprometían la imagen del Ministerio Público y de este equipo especial, la única medida que se ha adoptado es decidir nuestra salida intempestiva y sorpresiva cuando lo único que hicimos, por el bien de nuestra institución, es pedir una investigación al respecto», subraya el oficio dirigido al fiscal de la Nación.
«Entendemos —continúa el oficio— que nuestro cese intempestivo es, frente a los hechos, una consecuencia de pedir que se esclarezca y se transparente una investigación secreta ilegal a periodistas», como a los informes emitidos por el fiscal Cristhian Alfaro, el 13 de octubre de 2023 dirigido al entonces coordinador Elmer Diaz Luque y el 21 de diciembre de 2023, al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, «en los que se advertían posibles irregularidades y la comisión de delitos de la actual fiscal superior coordinadora del equipo especial, Magaly Quiroz Caballero».
Anotan que la fiscal Magaly Quiroz hace con ellos lo mismo que el 28 de septiembre de 2023, en la gestión de la suspendida fiscal Patricia Benavides, realizó el fiscal coordinador Elmer Ríos Luque contra ella.
Demolición
Hoy, la fiscal Magaly Quiroz, como fiscal superior coordinadora, no solo hace lo mismo que en su momento denunció como un atropello y registró en un audio grabado, sino que realizó algo más grave, pues hace que se separe injusta y arbitrariamente a tres fiscales provinciales y cuatro fiscales adjuntos provinciales que venían realizando su labor con diligencia y responsabilidad en circunstancias que el equipo especial ve comprometida su integridad por la investigación secreta.
En los informes del 13 de octubre y 21 de diciembre de 2023, el fiscal Cristhian Alfaro también denunció que se había realizado una investigación secreta y videovigilancia a la exfiscal Rocío Sánchez y cuatro miembros de la DIVIAC. Rocío Sánchez fue la fiscal que en una investigación realizada en el Callao permitió que se descubriera la red de corrupción judicial y política Los Cuellos Blancos del Puerto.
El 28 de septiembre de 2023, la investigación a los periodistas se soterró con el proceso también secreto a la exfiscal Rocío Sánchez y los cuatro policías, bajo la absurda hipótesis de que una exfiscal y dos periodistas estarían pretendiendo reorganizar a Los Cuellos Blancos del Puerto para salvar de la prisión a los principales implicados en este mega proceso.
Lo real en todo esto es que el equipo especial distrae personal, recursos y objetivos institucionales en complicadas hipótesis sin sustento, mientras que las investigaciones no avanzan y hasta hoy no existe una acusación y condena contra los personajes implicados en audios, revelados por la prensa en julio del 2018, que permitieron conocer graves delitos de corrupción y tráfico de influencias en el sistema de justicia.
Esos audios fueron obtenidos en la investigación a una organización criminal del Callao, que realizaron desde diciembre del 2017 las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro. Hoy ambas fiscales ya no forman parte del equipo especial y, desde entonces, no se ve una política institucional por darle estabilidad a este grupo de trabajo. Las investigaciones se retrasan, se pierden los objetivos, se prefiere el absurdo y la paranoia. La corrupción avanza en el país.