Fiscales Especializados en Derechos Humanos rechazan Ley de Amnistía del Congreso

LR. Los fiscales del Subsistema Especializado en Derechos Humanos e Interculturalidad del Ministerio Público emitieron un pronunciamiento rechazando la nueva Ley de Amnistía que plantea el Congreso de la República. Esta iniciativa impulsada por el fujimorista Fernando Rospigliosi y por José Cueto, busca declarar inaplicable el delito de lesa humanidad antes del 2003.

Los fiscales señalan que esta propuesta resulta incompatible con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, por lo que, en función del compromiso que tienen los Estados con la protección de los mismos, rechazan la Ley de Amnistía que pretende aprobar el Congreso.

En el comunicado, se indica que si la propuesta es aprobada, impactará directamente en casos penales por violaciones a los derechos humanos que aún están en investigación y que terminarían siendo archivados, vulnerando el derecho que tienen las víctimas y sus familiares a conocer la verdad.

Entre los procesos que aún están en investigación se encuentran Madre Mía, Lurigancho, Barrios Altos, Cabitos 1983, Chuschi, Leonor la Rosa, Putis, Soras, Sobres bomba, Accomarca, entre otros.

Los fiscales especializados en Derechos Humanos resaltan que los citados casos, en su mayoría, se relacionan con ataques hacia la población civil por parte de agentes del Estado y que entre las víctimas se encontraban grupos vulnerables, mujeres y niños.

«Asimismo, enfatizan que la ley menoscaba la labor persecutoria del Ministerio Público para poder investigar las graves violaciones a los derechos humanos. Por lo que exigen al Congreso que respete los estándares y tratados internacionales que tiene el Perú, donde se establece que no hay prescripción para delitos de lesa humanidad.»

«(…) En virtud de ello, se encuentran proscritas las disposiciones de amnistía, prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad penal que impidan la investigación y sanción de esta clase de delitos. Esta es una norma de ius coegens que garantiza el acceso a la justicia para las víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el Perú», señala el punto 2 del comunicado.

Finalmente, en el último punto reafirman su compromiso con la legalidad y los derechos humanos en el Perú y advierten al Congreso que, en caso se apruebe esta norma, el Ministerio Público tomará las medidas correspondientes en el marco de sus atribuciones.

También advierten que esta normativa vulnera el derecho a la verdad de todas las víctimas que dejó el periodo de violencia que vivió el Perú en las décadas de 1980 al 2000.

«(…) No obstante, precisamos que ello constituiría una vulneración al derecho a la verdad, respecto al periodo de violencia de 1980-2000 y a las garantías de no repetición, lo cual puede profundizar las divisiones sociales y étnicas, impidiendo cerrar las heridas del pasado y obstaculizando la construcción de una sociedad justa y pacífica», concluyen.