Gobierno busca criminalizar a 130 “dirigentes” por movilizaciones en 19 regiones
Dina Boluarte tiene indetificado a "organizaciones y dirigentes”, que incluye a miembros de frentes de defensa, rondas campesinas y gremios.
En un mensaje televisado, Dina Boluarte prometio castigo para ataques realizados durante movilizaciones, mientras que un informe del Ministerio del Interior revela que el Gobierno tiene indetificado a «organizaciones y dirigentes”, que incluye a miembros de frentes de defensa, rondas campesinas y gremios.
Antes fin del año 2022, el Gobierno de Dina Boluarte, elaboró documentos de análisis con miras a la reanudación de las protestas desde el 4 de enero, las mismas que a la actualidad se desarrollan en distintas regiones del país con pedidos como la renuncia de la presidenta Dina Boluarte o el cierre del Congreso, elecciones inmediatas antes del 2023 y nueva Constitución.
El informe señala en sus conclusiones que la relación de “actores” es muy compleja, algo que ahora se refleja en lo sucedido en las últimas semanas. “Se tiene una multiplicidad de organizaciones y dirigentes que a partir de la coyuntura vienen fortaleciendo coordinaciones y acciones con el fin de realizar protestas más organizadas”.
“Es de resaltar que existen actores con estructuras orgánicas sólidas como las rondas campesinas, gremios [como la] CGTP, Sute [Sutep] y frentes de defensa. También destacan actores informales e ilegales como los mineros artesanales de los departamentos de Arequipa, Ayacucho, que impulsan escenarios violentos”, indica el informe.
En total, el documento menciona a 130 “actores” en 19 regiones, cuyas dirigentes pertenecen a gremios y organizaciones sociales.
Las 19 regiones son: Puno (5 “actores”), Arequipa (7), Cusco (10), Apurímac (8), Tacna (8), Moquegua (9), Amazonas (8), San Martín (11), Ucayali (7), Huánuco (5), Ayacucho (4), Ica (6), Junín (7), Lima (11), Huancavelica (9), Lambayeque (4), La Libertad (2), Cajamarca (5) y Áncash (4).
El Gobierno acusa como resposables de los enfrentamientos entre manifestantes y policías en Puno, a cinco dirigentes, entre ellos a Félix Suasaca Suasaca, presidente del Frente de Defensa Unificado en contra de la Contaminación de la Cuenca del Río Coata y del Lago Titicaca.
Mientras que en Ica, se incluye a Juan Marcelo Gonzales Loayza, dirigente del sector de Barrio Chino conocido como ‘Marcelo’. El Gobierno de Dina Boluarte la considera a Gonzales Loayza, de ser uno de los principales azuzadores de las manifestaciones en la región.
Por otro lado, según la supuesta investigación de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), señala que en Lima hay miembros de la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP) como Mariano Flores Gonzales y Jhon Santa Cruz Leyva, quienes han estado activamente participando en la organización de la marcha que se desarrolló este 19 en en la capital.
En la mismia linea, la Dircote acusa a la presidenta del Frente de Defensa de Yacucho, Rocío Leandro Melgar, de ser parte de la Nueva Fracción Roja de la organización terrorista Sendero Luminoso, además de estar detrás de las protestas que se desarrollaron en Ayacucho.
Mientras tanto el Viceministerio de Gobernanza Territorial, que está adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, el 29 de diciembre del 2022, elaboró un documento en la que acusa a las organizaciones que participan en las movilizaciones, de haber planificado daños a infraestructuras como los aeropuertos y centrales hidroeléctricas y atentados contra sedes del Poder Judicial, el Ministerio Público y comisarías.