Golpistas se reagrupan y buscan tumbarse a la Mesa Directiva del Congreso

La sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional sobre la vacancia presidencial los ha envalentonado. Si bien la mayoría decidió lavarse las manos, tres de ellos opinaron por dejar abierta las causas de la vacancia, con lo que todo se reduce al voto del magistrado Manuel Miranda.

Así, el 24 de noviembre, el congresista Edgar Arnold Alarcón Tejada presentó dos denuncias penales contra el vicepresidente del Congreso y hasta hace poco presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el acciopopulista Luis Roel Alva, ante el al despacho de la Fiscalía de la Nación.

Denuncia
Las dos denuncias fueron presentadas el 26 de noviembre ante mesa de partes, con la firma del abogado Juan Palomino Duarte, por presuntos delitos de omisiones de deberes funcionales y por supresión, destrucción u ocultamiento de documentos.

Pero ninguna de las dos denuncias especifica los hechos concretos, que se consideran ilícitos. De lo que se trata es de denunciar y luego presionar o convencer al Ministerio Público de investigar y, a partir de ese momento, “ya todo está probado”.

Según pudo conocer La República, Alarcón señala haberle hecho una serie de pedidos de información a Roel Alva, como presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, los cuales no fueron atendidos de inmediato.

En la primera denuncia, refiere que le pidió toda la información recibida directamente o derivada a dicha subcomisión desde julio del año 2016 hasta la fecha actual: documentos recibidos, trámites realizados, etc.

En la segunda denuncia, enumera haber pedido a presidente de la Subcomisión la relación de los congresistas, profesionales, especialistas, servidores administrativos, colaboradores, secretarias, oficinistas, personal de limpieza que laborarían en dicha comisión.

Además, que se le precise las labores especificas que cumplen cada uno de ellos: quién los recomendó, en qué oficina trabajaron, horas trabajadas, horas de ingreso, salida, refrigerios, fechas de descanso, vacaciones, licencias y otros.

Después de enumerar los pedidos de información que ha realizado, señala que, transcurridos tres meses, no ha recibido respuesta y anota que de acuerdo con la Ley de Transparencia, él puede pedir toda la información, sin expresión de causa, motivo o utilidad. Solo debe pedir y si no se la entregan, cometen delito.

Por lo que indican ambas denuncias, al no haber obtenido una respuesta oportuna, se ha producido un retardo injustificado para responder a su solicitud, lo que él considera un gravísimo delito que debe ser investigado por la fiscal de la Nación en persona.

Colaboradores delivery
En paralelo, de acuerdo con fuentes judiciales, avanzan otras denuncias y “nuevas colaboraciones eficaces” contra el líder y candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, por lavado de activos y otros ilícitos.

Las fuentes indican que se busca a un empresario del “Club de la Construcción” que esté dispuesto a revelar aportes no declarados a la campaña del 2016. Una investigación en su contra por lavado de activos ya está abierta y se avizora otra por supuestas firmas falsas en la inscripción del partido.

El conjunto de esta historia, de acuerdo con las fuentes, es desestabilizar a la Mesa Directiva del Congreso, que incluye al presidente de la República, Francisco Sagasti.

A la trama original, que logró la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, se ha sumado un sector de la Policía, preocupado por el ingreso de administradores civiles, a las direcciones administrativas, fuente de corrupción y enriquecimiento ilícito.

La Policía también tiene gran influencia en el Ministerio Público y es otra especialista en filtraciones, que algunos medios de comunicación siempre están dispuestos a recibir.

Este sector policial estaría detrás del sospechoso operativo que terminó con la captura de 71 presuntos terroristas de Sendero Luminoso en Lima y la falsa denuncia de que el renunciante ministro del Interior, Rubén Vargas, es hermano del cabecilla senderista, Zenón Vargas Cárdenas.

Los golpistas y este sector de la Policía han hecho causa común preocupados por la consecuencias penales de la brutal represión contra la marcha ciudadana del 14 de noviembre.

El objetivo de los golpistas es crear el suficiente caos para suspender las elecciones de abril del 2021 y alargar la vigencia del actual Congreso.

Los parlamentarios que lograron la vacancia de Vizcarra aún tienen mayoría. La suficiente para censurar a la Mesa Directiva y, señalan diversas fuentes, solo les falta la “bulla mediática”.

La primera prueba para medir fuerza será el voto de confianza al gabinete de Violeta Bermúdez. Podemos Perú, de Daniel Urresti y José Luna Gálvez, ya anunció que no le daría su voto.

El pretexto es un supuesto maltrato a la familia policial, la resistencia del gobierno a la devolución de los aportes a la ONP y los próximos proyectos de inversión pública.

Preocupación
La presidenta del Congreso, el vocero del partido Morado y analistas políticos advierten que una nueva campaña desestabilizadora está en marcha. Fuente: LR