Informe de Amnistía Internacional revela que PNP usó armas letales

El informe preliminar de Amnistía Internacional, que fuera presentado este 16 de febrero del 2023 revela cómo en el régimen de Dina Boluarte se usó la violencia desmedida contra los manifestantes sin respetar sus derechos humanos.

“Hay indicios muy concretos de que la Policía está cometiendo ejecuciones extrajudiciales. El uso letal de la fuerza y de armas letales usados por la PNP y militares puso en riesgo la vida de las personas que se encontraban en protestas. Las fuerzas de seguridad han disparado no solo a las personas que ejercieron violencia, sino también a quienes no participaban o escaban de ella”, informó la directoria para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara.

Represión desmedida
El informe sostiene, además, que hubo violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos que rechazan el régimen de Dina Boluarte; y enfatiza que las autoridades peruanas, a sabiendas del manejo violento contra las manifestaciones, permitieron que se cometan abusos desde el 7 de diciembre del 2022 a la actualidad.

“Las fuerzas de seguridad no han tenido la plena capacidad de distinguir entre grupos que generan violencia y grupos de manifestaciones legítimas. Esa falta de distinción, por omisión o en consciencia, ha dejado un saldo de 1.200 personas con heridas graves”, dijo Erika Guevara.

Las Fuerzas Armadas (militares) y la Policía, se agrega, usaron de manera ilegítima armas letales contra civiles, pese a que las normas internacionales prohíben el uso de armas de fuego para repeler protestas. “Hay una clara intención de castigo”, enfatizó la vocera de la organización AI.

Amnistía Internacional ha recibido información de 46 casos de posibles violaciones de derechos humanos y ha documentado 12 muertes por armas de fuego. El informe final será presentado en mayo del 2023.

Guevara precisó que las presuntas ejecuciones extrajudiciales no solo implican que quienes apretaron el gatillo tengan responsabilidad penal, sino que también son culpables quienes dieron la orden, es decir los altos mandos de las fuerzas castrenses y el propio Gobierno que dirige Dina Boluarte.

Según el informe emitido, la violencia fue, en su mayoría, contra ciudadanos indígenas estigmatizados. Por eso, la representante de Amnistía Internacional precisó que es deber del Estado diferenciar las protestas violentas de las pacíficas con el objetivo de garantizar que las personas puedan ejercer su derecho a protestar, que tambien ha sido violado. “Pero este no ha sido el caso”, dijo.