Más criminalización: SPT de la Corte Suprema deniega casasión a ronderos sentenciados

Con Lecaros a la cabeza, Sala Penal Transitoria denego casasión que buscaba libertad para ronderos sentenciados por protestas contra CONGA.

Pese a que el propio ex presidente del Poder Judicial José Luis Lecaros, en diciembre del 2019 se comprometió a coordinar con las rondas campesinas para evitar más criminalización contra sus miembros, hoy el mismo encabezo una nueva arremetida de criminalización contra el comunicador social indígena César Estrada y el rondero Víctor Huamán.

Con Lecaros como presidente de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, sala decidió hoy denegar la casación 01517 – 2019, recurso que buscaba levantar la sentencia de 10 años de cárcel contra Estrada y Huamán, ambos acusados de extorsión por participar en las protestas contra el mega proyecto minero CONGA en el año 2013.

Los dirigentes ronderos condenan la actitud del Poder Judicial, señalan que existe una persecución contra sus miembros, es una manera de amedrentar a las comunidades, es un mensaje para quienes defendemos el medio ambiente, contra quienes nos oponemos a la extractivismo y la contaminación, señalan.

Manifiestan tambien que el 51.3% de casos de criminalización se concentra en Cajamarca, sumando unos 450 lideres dirigentes actualmente procesados y más de mil a nivel nacional.

Ante esta inminente ola de criminalización, autoridades y dirigentes se han visto obligados proponer medidas legislativas para frenar esta arremetida del Poder Judicial. En el Congreso de la republica ya se presentó un ante proyecto de ley que busca amnistía para ronderos sentenciados, la iniciativa fue elaborada por el fiscal Ramiro Diaz del Castillo, y recogida por el Congresista de APP Walter Benavides Gavidia.

Para conocer a más profundidad sobre el tema de la criminalización a los ronderos, entrevistamos al dirigente Nacional de la Central Única nacional de Rondas Campesinas del Perú Santos Saavedra, y esto es lo que nos dijo.

¿Porque han sido criminalizados?

Los más de mil lideres ronderos de todo el país, han sido criminalizados por administrar justicia comunal rondera, en la gran mayoría denunciados bajo la figura de secuestro, extorsión, hurto agravado, coacción y alterar el orden público.

¿Es cierto que no pueden administrar justicia por lo que al hacerlo estarían cometiendo un delito?

No.

El articulo 149 de la constitución política del Perú, reconoce que las rondas campesinas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario (administrar justicia comunal).

Sumado a ello las rondas campesinas tienen la ley 27908, el acuerdo plenario 1-2009/CJ-116 entre el poder judicial y las rondas campesinas, existe además el protocolo de coordinación entre el Poder Judicial y las rondas campesinas y a nivel internacional el convenio 169 de la OIT.

Todos estos marcos normativos, la ley 27908 y la propia constitución reconocen la existencia de las rondas campesinas y también facultan la administración de justicia, sin embargo, las sentencias del Poder Judicial contra ronderos, han ido por encima de todo esto, es por ello que a todas luces se trata de una criminalización.

¿Pero porque habría este ensañamiento contra las rondas?

La respuesta es simple, la criminalización ahora forma parte de una política de Gobierno confabulado con el poder económico. Esta política de Gobierno, se da a raíz de que las organizaciones ronderas a nivel nacional, salimos a las calles a defender el medio ambiente, el agua, nuestros territorios, nos oponemos a los grandes proyectos mineros, petroleros, y esto perjudica los intereses de políticos corruptos y de las mineras.

Pues para ello el Gobierno y el poder económico, utiliza el sistema de justicia, ya que es la única manera de callarnos, porqué matarnos a todos los lideres no pueden, y si lo hacen sería un escándalo, en cambio encarcelarnos si pueden hacerlo, porque esto no es visible para los medios y tampoco para la comunidad internacional.

Los operadores de justicia operan de dos formas, a través de las políticas directas del Gobierno y también por intereses directos del poder económico.

Es una acusación grave ¿Como demostrarlo?

Pruebas que demuestran esto existen muchas, porque es tanto el descaro que el gobierno hasta la hace públicas y otras se han obtenido mediante una sencilla investigación.

En Cajamarca tenemos casos donde el Gobierno año tras año hace seguimiento a y vigilancia a principales líderes mediante el MINEM y también a través del Ministerio del Interior. Esto es información pública y existen denuncias en el Ministerio Publico.

El caso de los ronderos que hoy se les denegó la casación, estos fueron sentenciados en primera instancia por un juez que fue asesor de activos mineros y promovió dos grandes proyectos en Cajamarca, me refiero a Michiquillay y la Granja en Chota, esto está probado y documentado en la investigación periodística que hiciera el propio comunicador hoy sentenciado.

Diario Perú

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