ONU: Perú debe dejar de criminalizar a los defensores de derechos humanos
Mary Lawlor, relatora especial de la ONU, hizo este llamado, luego que la Corte Suprema de Perú confirmó la sentencia contra César Estrada Chuquilín, Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos y Jesús Mariano Cornejo Reynoso.
El país andino debe redoblar sus esfuerzos y cumplir con las recomendaciones emitidas para la protección de los defensores de los derechos humanos del medio ambiente, asegura una relatora de derechos humanos. Por ese motivo, quienes defienden el medio ambiente no deben enfrentarse a condenas de larga duración.
Una experta* independiente de la ONU ha instado al Gobierno de Perú a poner fin a la criminalización de los defensores de derechos humanos medioambientales y a garantizar que el poder judicial del país no se utilice como medio para silenciarlos.
La Corte Suprema de Perú confirmó recientemente la sentencia de diez años de prisión contra César Estrada Chuquilín, mientras otros defensores de derechos humanos como Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos y Jesús Mariano Cornejo Reynoso lo fueron a 12 años y cuatro meses y a siete años y cuatro meses, respectivamente, en primera instancia por el Primer Juzgado Colegiado Supra Provincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.
Estrada, periodista y defensor de derechos humanos, ha denunciado los desalojos forzados, el hostigamiento a la población y los daños medioambientales causados por una mina de oro y cobre a cielo abierto, conocida como «Conga», propiedad de Yanacocha S.R.L. Fue condenado por presunta extorsión a un contratista de Yanacocha S.R.L, y su recurso fue rechazado.
Gallegos y Reynoso fueron sentenciados por «entorpecimiento de los servicios públicos» y «motín» en el marco de las protestas contra el proyecto minero «Tía María» de la Southern Peru Copper Corporation, en el distrito de Cocachacra, en Arequipa.
«Es preocupante que delitos como la extorsión, el entorpecimiento de servicios públicos y motín -que conllevan penas de más de 10 años de prisión- sigan utilizándose para desacreditar a los defensores de derechos humanos, especialmente a los que se oponen a los grandes proyectos mineros y a su impacto en el medio ambiente y en los derechos de las comunidades afectadas», ha declarado Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos.
