Rechazan iniciativas que plantea la fusión del SENACE con otras entidades ambientales

Diversas organizaciones, entre ellas, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), han levantado su voz de alerta frente a un conjunto de propuestas riesgosas para la gestión y evaluación ambiental impulsadas por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE); iniciativas que el Poder Ejecutivo habría recibido a bien, de acuerdo a información publicada ayer en medios de comunicación. La medida en vez de acelerar proyectos, la propuesta podría traer consigo mayores conflictos sociales y generar insostenibilidad en las inversiones.

Reduciendo instituciones ambientales

Una de las principales propuestas de la SNMPE es la fusión del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) con otras instituciones ambientales como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP); autoridades que actualmente son parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) y emiten opiniones técnicas vinculantes para los procesos de evaluación ambiental de los proyectos de inversión. Tras ello, el “nuevo” SENACE dejaría de pertenecer al Ministerio del Ambiente y pasaría a depender de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Ello implicaría que las funciones del ANA, el SERNANP y el SERFOR serían “absorbidas” por el SENACE, y esta última a su vez dentro de la PCM, lo que, en la práctica, podría significar su desaparición. Estas propuestas ya se vendrían trabajando con el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con otros sectores, con la finalidad de reducir los trámites ligados a la certificación ambiental principalmente en el sector minero. No obstante, ya se encontraba en marcha una Estrategia de Coordinación Interinstitucional (ECI) que reúne al SENACE, ANA, SERFOR y SERNANP para reforzar el trabajo conjunto de dichas organizaciones. Además, el SENACE ya venía fortaleciéndose con lineamientos e instrumentos sobre transparencia, cambio climático y aspectos técnicos.

La absorción del SENACE dentro de la PCM perjudicaría la evaluación ambiental de proyectos de inversión, pues vulneraría la imparcialidad de los procesos de certificación, ya que la PCM es una entidad no especializada en temas ambientales y sin las capacidades técnicas para asumir dicha función. Ello podría generar una presión mayor de diversos actores para la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental. Esto también afectaría los derechos colectivos de los pueblos indígenas, pues se perderían de vista otros procesos importantes como la participación ciudadana y opiniones técnicas de entidades como el Ministerio de Cultura.

Además, significa el debilitamiento de entidades como SERFOR, ANA y SERNANP que tiene funciones específicas sobre el sector forestal, agua y áreas naturales protegidas, además de ser opinantes técnicos en el proceso de certificación ambiental. Esto representaría la desarticulación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) y del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que ha costado construir en nuestro país.

Frente a ello, Vanessa Cueto, vicepresidenta de DAR, señala que “esta propuesta debilitaría gravemente la institucionalidad ambiental del país en pro de las inversiones; por el contrario, se debería fortalecer a las autoridades ambientales como el SENACE, ANA, SERFOR y SERNANP, impulsando procesos de evaluación ambiental más sólidos y con mayores capacidades de evaluación, que permitan que los proyectos se realicen sosteniblemente en el marco de la normativa nacional y los convenios internacionales”.

Otras propuestas del nuevo paquetazo

Otras propuestas del paquete incluyen implementar un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) “renovado”.

Recordemos que en los años 2013 y 2014 con los llamados “paquetazos ambientales” se crearon instrumentos débiles como los ITS; se redujeron los plazos para la aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA); se redujeron las funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); y se empleó la Ventanilla Única de Certificación Ambiental, entre otros cambios.

“Este es otro intento de golpe a la institucionalidad ambiental que busca flexibilizar los procedimientos ambientales de acuerdo a los intereses privados, sin considerar que ello podría generar mayores conflictos socioambientales por la falta de transparencia y participación, siendo totalmente contrario a los esfuerzos del Perú para su entrada a la OCDE”, enfatiza Cueto.

“Por ello, alertamos sobre el grave retroceso que significaría el impulso de esta propuesta que conlleva a la fusión de organismos ambientales. Recordemos que la creación del SENACE representó un proceso clave para la gobernanza ambiental en el país. El Poder Ejecutivo debe reevaluar estas propuestas no solo con el sector privado sino con sociedad civil y pueblos indígenas, en pro de generar inversiones sostenibles”, comenta la especialista en temas ambientales.