Relator de la ONU condena convenios entre la Policía y las empresas privadas

En todas las regiones, he observado malas prácticas en la policía, cuando esta actúa a su discreción cuando se presentan denuncias, en particular cuando las presentan las personas defensoras del ambiente y de las personas LGBTI.

La ley peruana permite la celebración de convenios entre la Policía Nacional y las empresas privadas para que la policía preste servicios de seguridad a través de sus efectivos. Esta comercialización de la fuerza policial crea lazos institucionales e individuales que interfieren gravemente con la imparcialidad a la hora de aplicar la ley, exponiendo a las personas defensoras del ambiente a un riesgo adicional.

Por último, no existe un sistema eficaz de medidas de protección para los defensores y defensoras en situación de riesgo. Aunque cualquier persona en situación de riesgo puede solicitar garantías a la subprefectura, el nivel y la carga de la prueba son injustificadamente elevados y recaen en el solicitante. En el contexto de la minería o tala de árboles ilegal, el tener que recabar pruebas contundentes de la amenaza a la que se enfrenta la persona defensora, las coloca en una situación de grave riesgo de daño irreparable. Además, cuando se conceden garantías, la eficacia de la respuesta sigue siendo un grave problema.

Todos estos elementos plantean cuestiones más amplias de corrupción, conflictos de intereses y otros ejemplos de ejercicio inadecuado de influencias. Si bien celebro los esfuerzos realizados por el Gobierno para combatir la corrupción, existe una deficiencia sistémica en la reacción de las autoridades contra los grandes intereses económicos, en particular a nivel regional y local.