Zuliana Lainez de la ANP: “El espionaje a periodistas es propio de una dictadura”

LR. La presidente de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) Zuliana Lainez, rechaza el seguimiento que hizo el Ministerio Público a dos periodistas durante seis meses y anota que el hecho no puede quedar impune. Considera que validar la criminalización de la actividad periodística es aceptar entornos tan complejos como los que vivimos hoy.

—El seguimiento a dos periodistas por parte de la Fiscalía es un hecho muy grave.

—Es probablemente uno de los casos más graves que se han revelado este año. El reglaje a periodistas es impropio de una democracia. En un régimen democrático no se puede hacer seguimiento a un periodista que, además, no está involucrado en ningún delito. Nos queda claro que el seguimiento a César Romero y a Juan Carlos Tafur es muy grave.
—No se descarta que existan otros casos más.

—Son dos hechos que por ahora conocemos, puede haber otros más ordenados por el Ministerio Público.

—¿Cuál cree que ha sido el objetivo de este seguimiento?

—Criminalizar la actividad periodística, porque busca conocer las fuentes del periodista, ya que César Romero es cronista judicial. Es claro que a lo que querían llegar haciendo reglaje a su domicilio, a su centro de trabajo y los contactos que pudiera haber tenido, es develar con qué fuentes trabaja. Esto demuestra un total desconocimiento de la actividad periodística. Un periodista en un contexto de vulnerabilidad no necesariamente se va a reunir de forma presencial con una fuente.

—Las organizaciones de prensa ya se han pronunciado al respecto

—Lo hemos hecho desde la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), al igual que lo han hecho el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y también la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Lo que demandamos es que se identifiquen responsabilidades y esto no quede impune.

—Vuelve el espionaje a periodistas…

—No podemos volver a prácticas de antaño en las que se espiaba a periodistas. Hoy se tiene a los estándares de libertad de expresión a nivel interamericano, frente al asesinato y desapariciones, como una de las violaciones más graves de derechos humanos. Además, que este reglaje venga de una institución que debe perseguir el delito hace que nos preguntemos qué delito han cometido nuestros colegas, que lo que hacen es cumplir con su actividad informativa.

—El Ministerio Público tuvo que archivar el caso.

—Sí. Fue archivado por otro fiscal argumentando que no se había encontrado ningún elemento que los incrimine. Eso le fue notificado a César Romero. Si no hubiera sido por ese documento, probablemente no nos hubiéramos enterado de que había un seguimiento a periodistas. Los dos periodistas estuvieron con seguimiento durante seis meses, recién se archiva la tercera semana de noviembre. Seis meses de seguimiento es propio de una dictadura, eso no se puede tolerar ni pasar como una falta.

—¿Cree que debe ser sancionado?

—Claro. Si validamos que se pueda criminalizar la actividad periodística de la forma en que el Ministerio Público, liderado por la señora Patricia Benavides, ha sido capaz de llevar esto adelante, estamos aceptando entornos tan complejos como los que estamos viviendo hoy.

—El periodismo en este momento está asediado por todos los poderes del Estado.

—Así es. El Ejecutivo intentando normar para criminalizar lo que es la cobertura de protestas. El Legislativo con la intención de elevar las penas por difamación. Un congresista de la bancada Magisterial también quería penalizar los dichos en una investigación fiscal o penal. Ahora tenemos esto, que nos demuestra que la Fiscalía ha tenido como blanco a los periodistas que cubren fuentes fiscales y judiciales, o que son líderes de opinión.

—Los ataques a la prensa también han ido en aumento.

—Desde enero del 2023 hasta la fecha tenemos registrados más de 300 ataques a periodistas. El año pasado, con la estigmatización iniciada por Pedro Castillo también tuvimos más de 300 casos, y para nosotros era inédito porque, en los balances de libertad de expresión en la última década, la cifra era de entre 180 y 200 casos. Ahora, lo del Ministerio Público no es un rumor, hay un documento de la Fiscalía que notifica a uno de nuestros colegas diciendo que se archiva la investigación. La ANP elevará un documento a la relatoría de derechos humanos porque el espionaje a periodistas no es propio de democracias y no se puede normalizar.