A 3 años de la masacre de Juliaca: El inicio de la narcodictadura congresal
Los deudos no se han rendido. Que lo sepan bien los autores intelectuales y materiales. Las próximas elecciones, serán el escenario de lucha no solo por la memoria sino por no dar un solo voto por los congresistas que los han blindado. Ello debe implicar su cancelación del poder.
La masacre de Juliaca, el 9 de enero de 2023, precedido por la masacre en Huamanga del 15 de diciembre de 2022, marcó el inicio del fin de la democracia. Asimismo, marcó el inicio de la conversión del Perú en una narcodictadura parlamentaria vía cambios constitucionales.
Las letras de una música juliaqueña, surgida tras la masacre de Juliaca, se adelantaron a lo que hoy vivimos: “está democracia, ya no es democracia”. Esas letras se extendieron a las protestas en el primer trimestre de 2023 en Lima. Y, entre la masacre y las protestas en Lima, a todo el país.
Ahora sí, podemos afirmar que la masacre de Juliaca, la mayor que perpetraron las fuerzas del orden, entre el 15 diciembre de 2022 y el 9 de enero de 2023, fue el inicio del fin de la democracia y el inicio de la conversión del Perú en una dictadura parlamentaria narcocriminal. A ese doble proceso también la llaman pacto mafioso. O el congreso de las economías criminales.
Algún tiempo después, desde la academia, al decir de Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara, ocurrió el vaciamiento (total, agregamos, de la democracia. Hoy, sin duda alguna, es un dato macizo de la realidad: en el país ya no existe democracia. El puntillazo final fue el asalto al Ministerio Público.
A 3 años de estás masacres, sin olvidar las ejecuciones extrajudiciales en Andahuaylas, Macusani (Puno), Pichanaquí, Cusco, Arequipa, etc, que dejaron 18 y 10 asesinatos respectivamente, los deudos no encuentran justicia ni reparación.
Todo lo contrario: solo han encontrado impunidad. Peor aún, a nivel oficial, los responsables mediatos y operativos de las masacres y ejecuciones extrajudiciales han sido “absueltos”. Es más, la “verdad” oficial, es que ellos mismos se mataron, tal como lo dijo la extitere de palacio: Dina Boluarte.
Obviamente, más allá del esfuerzo de la exfiscal de la nación Delia Espinoza, que avanzó en la investigación, el archivo de las investigaciones a los responsables directos y políticos en el Congreso es -qué duda cabe- la manera como la narcodictadura congresal protege a los que cometieron esos crímenes de lesa humanidad.
La lucha, sin embargo, continúa. Y continuará hasta lograr justicia y reparación para los familiares. Los deudos no se han rendido. Que lo sepan bien los autores intelectuales y materiales. Las próximas elecciones, serán el escenario de lucha no solo por la memoria sino por no dar un solo voto por los congresistas que los han blindado. Ello debe implicar su cancelación del poder.
