Gobierno de Jerí insiste en proyecto de ley que crea el delito de información reservada

El Ejecutivo insiste en crear el delito de revelación de información reservada relacionadas a investigaciones penales y actuaciones policiales. Una norma que, en la práctica, criminalizaría la difusión de información de interés público y censuraría a la prensa, de acuerdo con la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).

Gobierno de José Jerí insiste en proyecto de ley que crea el delito de información reservada
Según la Asociación Nacional de Periodistas se trata de una norma que, en la práctica, criminalizaría la difusión de información de interés público y censuraría a la prensa. Primer ministro negó que la iniciativa esté dirigida contra los periodistas.
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La iniciativa es parte de la propuesta del Gobierno de José Jerí para legislar en materia de seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad por un periodo de 60 días, medida que fue sustentada este lunes 24 ante la Comisión de Constitución del Congreso.

El oficio del proyecto de ley, que ingresó al portal del Legislativo el último 20 de noviembre, precisa que el delito de revelación de información reservada tiene el objetivo de «proteger» la información vinculada a la «persecución penal, las investigaciones y las operaciones de seguridad», así como «fortalecer la ética funcional de los servidores y funcionarios públicos que acceden a información clasificada o sensible». Dicho delito sería sancionado además con la inhabilitación del funcionario.

Durante su presentación ante los integrante de la Comisión de Constitución, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, defendió esta iniciativa asegurando que la revelación de información es una «amenaza grave que debilita al Estado desde adentro».

Las consecuencias, según explicó, es que las bandas criminales toman conocimiento de información que forma parte de una investigación y, por tanto, las víctimas de extorsión o denunciantes quedan expuestos a posibles represalias.

«La ley no castiga este acto (revelación de información) con la seriedad que merece por eso proponemos dos cosas muy directas. Crear un tipo penal en el caso que un funcionario, fiscal, juez, policía revela informaciones secretas de una investigación y asegurar que los funcionarios sean separados de manera definitiva de su cargo», declaró.

Tiburcio no hizo referencia a la ola de criticas que ha generado este proyecto, sin embargo, quien sí lo hizo fue el primer ministro, Ernesto Álvarez.

Primer ministro niega que se trate de «ley mordaza»
En entrevista a RPP, el líder de la PCM, Ernesto Álvarez, negó que la propuesta se trate de una «ley mordaza». Álvarez mencionó que se solo se «busca penalizar a policías, fiscales o jueces que pasen información a investigados».

Actualmente, indicó, existe solo una sanción administrativa mas no penal para este tipo de actos. «La propuesta del Minjus es que exista una sanción penal para quienes alertan a quienes deben ser detenidos por la fuerza pública en el ejercicio regular de un procedimiento judicial y que escapa de la justicia como consecuencia de esa delación», manifestó.

En ese sentido, aseguró que «no existe ninguna voluntad de atacar o indisponerse con la prensa» y que los periodistas serán convocados al momento de redactar el decreto legislativo para que puedan brindar sus recomendaciones. «No estamos hablando de la labor legitima que hace la prensa, al contrario, para nosotros es un aliado», finalizó.

Periodistas califican de «censura» propuesta de ley
Por su parte, la ANP consideró que la iniciativa va directamente contra el periodismo de investigación porque «criminaliza la difusión de información de interés público y constituye censura y persecución de fuentes reservadas. Atentando, además, con el secreto profesional».

«Ayer hemos escuchado que se ha intentado decir que no se refieren a los periodistas, que no están hablando de los periodistas, que están hablando de los operadores de justicia. Pero a ver, ¿Quién difunde esa información?», expresó la presidenta de la ANP, Zuliana Lainez, en diálogo con Exitosa.

La Asociación también indicó, por medio de un comunicado, que de ejecutarse dicha norma se estaría atacando la libertad de información sobre «investigaciones penales de relevancia pública desde sectores que tienen, en su mayoría, personajes relevantes comprometidos en dichos expedientes».

Esta intención, precisaron, también se observó durante los mandatos de Pedro Castillo y Dina Boluarte.

No es la primera vez que se intenta atacar a la prensa: Pedro Castillo y Dina Boluarte también lo hicieron
El 14 de abril del 2025, la entonces presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley N.º 32301, norma que otorga al Estado facultades de control previo sobre los medios que reciben financiamiento de la cooperación internacional, al exigir que sus investigaciones, proyectos o actividades sean previamente aprobadas por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

La ley impone —de manera inconstitucional y bajo la amenaza de sanciones severas— que todas las organizaciones se registren obligatoriamente en la APCI. Además, utiliza conceptos ambiguos como “participación en política interna” o “conductas que alteren el orden público”, lo que permite que la norma se aplique de forma discrecional contra cualquier medio crítico del gobierno. También veta el uso de fondos de cooperación para emprender acciones legales contra el Estado, incluso en casos destinados a obtener información pública, un recurso esencial para el periodismo en escenarios de poca transparencia. Esta limitación, además, deja sin respaldo jurídico a periodistas que enfrentan procesos judiciales utilizados como forma de hostigamiento.

Ante ese escenario, el rechazo de esta norma no solo vino desde Perú. Por medio de un pronunciamiento conjunto, más de 270 periodistas de investigación de 24 países consideraron que se trata de un control político encubierto como regulación y que tenía implicancias reales sobre derechos fundamentales como la libertad de prensa y la libertad de asociación en el país.

Por su parte, Pedro Castillo y su gabinete impulsaron la «ley mordaza» durante su mandato. Se trata de una norma similar a la propuesta por José Jerí: crear el delito de difusión de información reservada en la investigación penal.

El entonces ministro de Justicia, Feliz Chero, defendió la propuesta alegando que “(Revelar información) desnaturaliza la esencia de la investigación, pone en riesgo la investigación misma y pone en riesgo a quienes se encuentran sujetos a investigación”. Consideró que solo tendrían acceso a la información las personas implicadas en el proceso legal (investigados, agraviados y abogados) y los operadores de justicia (juez, fiscal).

En su momento, la ANP consideró que dicha iniciativa solo beneficiaría a los individuos implicados en las investigaciones penales, pues se mantendría en secreto las acusaciones que son imputadas en su contra.

A su vez, el presidente del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Augusto Álvarez Rodrich, y el director Ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, Rodrigo Salazar. Ellos explicaron, en diálogo a RPP, que dicho proyecto debe analizar en el contexto, en el cual hay investigaciones de corrupción contra Castillo y sus allegados.