Cajamarca: la Corte Suprema ratifica las indemnizaciones para los afectados de Choropampa
El Tribunal Supremo declaró improcedente el recurso de casación presentado por Minera Yanacocha y RANSA. Ambas empresas deberán pagar indemnizaciones por el derrame de mercurio que afectó a miles de personas.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia que ordena indemnizar a pobladores afectados por el derrame de mercurio ocurrido en Choropampa, Cajamarca, en el año 2000, uno de los desastres ambientales más graves registrados en el Perú.
La decisión judicial declara improcedente el recurso de casación presentado por las empresas demandadas, entre ellas la minera Yanacocha, cerrando así la vía de apelación y ratificando las reparaciones económicas a favor de las víctimas.
El fallo representa un avance significativo en la larga búsqueda de justicia de decenas de familias afectadas por el derrame de aproximadamente 151 kilogramos de mercurio metálico a lo largo de la carretera entre San Juan, Choropampa y Magdalena, en la región Cajamarca.
Más de dos décadas de afectaciones
El derrame ocurrió el 2 de junio del 2000 durante el transporte de mercurio vinculado a operaciones de la minera Yanacocha. Muchos pobladores, sin conocer la toxicidad del material, recogieron el metal, lo manipularon e incluso lo almacenaron en sus viviendas, quedando expuestos a graves daños en su salud.
Desde entonces, habitantes de Choropampa han denunciado enfermedades persistentes, contaminación ambiental y abandono estatal. Diversos informes y organizaciones de derechos humanos consideran el caso un símbolo de la impunidad ambiental en el país.
Sentencia marca precedente
La reciente resolución de la Corte Suprema fortalece el derecho de las comunidades afectadas a obtener reparación frente a daños ocasionados por actividades extractivas y marca un precedente en materia de responsabilidad ambiental empresarial en el Perú.
Organizaciones acompañantes del caso señalaron que la decisión judicial constituye un reconocimiento tardío, pero importante, para las víctimas que durante más de veinte años enfrentaron procesos judiciales prolongados y múltiples obstáculos para acceder a justicia.
Exigen atención integral
Pese al avance judicial, dirigentes y afectados sostienen que aún persisten demandas pendientes relacionadas con atención médica especializada, monitoreo ambiental y reparación integral para todas las personas impactadas por el derrame.
Las comunidades esperan que el Estado y las empresas responsables cumplan plenamente las disposiciones judiciales y adopten medidas efectivas para garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse.
