Lideres denuncian al Estado peruano por Infringir medida cautelar emitidas por la CIDH
Ante ello la CIDH exige al Estado peruano, informe sobre la detención ilegal de ronderos y el comunicador social indígena, en un plazo de 05 días.
Los dirigentes ambientalistas de la región Cajamarca, han denunciado una serie de vulneraciones de derechos en su contra, a pesar de contar con una medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH).
Entre las graves vulneraciones, es la detención ilegal al comunicador social indígena César Estrada Chuquilín, el pasado 13 de mayo 2014 a pesar de tener y ser beneficiario de dichas medidas, Estrada fue detenido junto a otros ronderos de manera arbitraria, en circunstancias que cumplía su labor periodística. El hecho fue informado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
CIDH EXIGE A ESTADO INFORME SOBRE DETENCIÓN ILEGAL DE RONDEROS EN 5 DÍAS
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado peruano que un plazo no mayor a cinco días le informe sobre la situación de los pueblos indígenas de Cajamarca y sus líderes, en relación a los nuevos hechos de violencia que se habrían presentado en contra de las comunidades de la zona el catorce de mayo del presente año. Aquel día, el comunicador indígena César Estrada Chuquilín y otras doce personas habrían sido objetos de amenazas, ataques y detenciones ilegales en el sector donde se ubica la tranquera de ingreso a la laguna El Perol y que es territorio ancestral de las comunidades indígenas.
La visita a las inmediaciones de la referida laguna por parte de pobladores de las provincias de Bambamarca, Cajamarca y Celendín se realizaba en el marco de una inspección para verificar el estado de las reservas naturales de agua. Según testigos, efectivos policiales rodearon a los campesinos, les pidieron sus documentos, los registraron y, finalmente, los detuvieron. No había orden judicial de por medio. Medios de comunicación locales informaron que las doce personas afectadas fueron golpeadas después de ser detenidas. A raíz de ello, la CIDH solicitó que el Estado le remita información acerca de si se habrían adoptado medidas de protección a favor de estas personas y si se estarían investigando los presuntos hechos. Como bien se sabe, el cinco de mayo, la CIDH había ordenado al Estado peruano que adoptase medidas para garantizar la vida e integridad de 46 líderes y lideresas de las comunidades y rondas campesinas de la región Cajamarca, la familia Chaupe, el rondero Luis Mayta y el comunicador social César Estrada por encontrarse en riesgo debido a su oposición a la ejecución del megaproyecto minero Conga.
No obstante, según las las comunidades y rondas campesinas de las provincias de Celendín y Hualgayoc-Bambamarca (Cajamarca), pese a que el jueves 22 se cumple el plazo que la CIDH dio al Estado para que le informe sobre las medidas adoptadas en favor de los beneficiarios, hasta la fecha ningún representante del gobierno ha intentado comunicarse con ellos.
