CIDH analizará demanda de Polay Campos tras escuchar a los abogados de ambas partes

Forsyth aclaró que la CIDH recien analizara la demanda de Polay Campos, luego de escuchar a los abogados tanto del terrorista y tambien de los abogados del Estado Peruano, de alli en un ipotetico caso solo podría emitir algunas recomendaciones, si así lo amerita.

la reacción del Gobierno por la admisión de la demanda por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso del terrorista Víctor Polay Campos demuestra un uso político del tema. Cabe destacar que este recurso se admitió hace más de un año y medio.

“No se entiende esta reacción destemplada de algunos representantes del Gobierno. La propia señora Boluarte y Alberto Otárola han tenido esta reacción pública sobredimensionada como si se tratara de una novedad. Es una forma de buscar réditos políticos ante una situación que ocurrió hace un año y medio”, dijo.

Por su parte, el internacionalista Juan Velit comentó que detrás de las palabras de Boluarte existe un ánimo de mejorar su alicaída aprobación.

“Hay un uso político del Gobierno de este caso para buscar el respaldo de la población, porque esta fue la mayor agredida durante los años del terrorismo. Ella (Boluarte) pretende salir para defender los principios de la población y responderle a las acciones terroristas. Eso es más que evidente”, refirió.

 Explicó que, eventualmente, lo que podría pasar es que exista una solución amistosa entre ambas partes. Agregó que, si el Estado peruano  no tiene ninguna muestra de voluntad política para encontrar una fórmula de solución, los demandantes podrían elevarla a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como se recuerda, Polay Campos, cabecilla del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), cumple una condena de 35 años por sus acciones subversivas que generaron la muerte de miles de peruanos.

La demanda
En el 2007, un grupo de abogados, entre ellos Javier Valle Riestra y familiares de Polay, presentó la demanda ante la CIDH, que fue admitida  en enero del 2022.El recurso alega supuestas violaciones legales en su proceso y que sus condiciones carcelarias afectaron su integridad personal.

La denuncia señala que, durante su detención y reclusión en diferentes centros penitenciarios, Polay Campos sufrió una serie de “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Además, afirma que no se le permitió relacionarse con otras personas y que por 13 años se le impidió ejercer su libertad de culto, así como acceder al beneficio penitenciario de reducción de pena por trabajo o estudio.

También asegura que se vulneró el principio de legalidad, al sostener que el tipo penal de terrorismo utilizado para condenar a Polay no contiene una definición precisa y que su accionar debió ser calificado como rebelión.